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La Fiscalía de Sevilla ha archivado la denuncia interpuesta en octubre del 2005 por el Sindicato Profesional de Policías Municipales contra el Alcalde de Carmona en la que le acusaba de prevaricación por la tramitación irregular de las multas de tráfico y por paralizar interesadamente determinadas sanciones para desacreditar la labor de los agentes de la Policía Local.
En concreto, de las cerca de 1.500 sanciones de tráfico cursadas por el Ayuntamiento durante los años 2003, 2004 y 2005, el sindicato señalaba en su denuncia que apenas quince de ellas se habían demorado de manera negligente durante su tramitación administrativa.
Sin embargo, tras la investigación y las diligencias realizadas por la Fiscalía durante los últimos meses, ha quedado demostrado que desde el Ayuntamiento de Carmona se tramitan todas y cada una de las multas que llegan procedentes de los agentes de la Policía Local, que en ningún momento se han producido irregularidades en la tramitación de las sanciones de tráfico y aún menos órdenes o directrices políticas dirigidas a paralizar o anular dichas multas.
Para el Alcalde de Carmona, “la decisión de la Fiscalía viene a demostrar una vez más que el sindicato ha pretendido confundir interesadamente los procedimientos administrativos con las acciones políticas del Gobierno Municipal y en este caso -añade Martín Recio- se ha demostrado además que ni existe paralización de los expedientes de sanciones ni ningún tipo de decisión política al respecto”.
El Alcalde ha criticado también el abuso que realizan los sindicatos policiales de la vía judicial para sus realizar sus reclamaciones sindicales, “convirtiendo a la administración de justicia en un escaparate donde situar sus propios intereses con el único objetivo de desgastar y desacreditar al Gobierno Municipal”.
Tras este varapalo a la denuncia del Sindicato de la Policía, el Gobierno Municipal estudia ahora iniciar acciones legales contra el sindicato por el uso indebido que ha realizado en su denuncia de datos de carácter personal que aparecen en las propias multas y que corresponden a expedientes administrativos en curso; datos y expedientes que han sido obtenidos de forma irregular por cuanto los técnicos del servicio han manifestado que los mismos no fueron solicitados por ninguna instancia ni, en ningún caso, se autorizó su entrega.
