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El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha participado en el I Seminario sobre políticas para la inclusión social ‘El debate sobre las nuevas estrategias, normativas y relacionales para el abordaje de la exclusión’, que organiza el Centro Cultural ‘Olavide en Carmona’, junto a la Obra Social Cajasol y Dirección General de Servicios Sociales e Inclusión de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. En dicho simposio ha impartido la conferencia de clausura ‘Retos para la consolidación de un marco político y social inclusivo’.
Chamizo ha señalado durante su intervención que “mientras más grave es la situación de una persona, más difícil es hacer prevalecer la ley. A veces parece que las leyes van en contra de los más desfavorecidos”. Para ello, ha expuesto un ejemplo que es muy común en la Oficina del Defensor, como es la devolución de pensiones no contributivas por un error administrativo, lo que supone un varapalo económico importante para muchas familias humildes. “¿Por qué la Administración no valora correctamente los expedientes, es que no tienen tiempo”, se ha preguntado.
Por ello, piensa que es necesario analizar las luces y las sombras de las políticas sociales que existen en Andalucía, “que no repercuten todo lo que debieran en los colectivos más desfavorecidos”, señala Chamizo. El defensor ha apuntado como posibles causas de este problema a la falta de coordinación y transversalidad entre las diferentes Consejerías “porque a veces parece que estos problemas sólo atañen a Bienestar Social, algo que no debe ser así”.
Asimismo, apuesta por una reforma profunda de los Servicios Sociales, “donde exista una mayor implicación de los trabajadores, que están escasamente motivados. Es necesario que cobren un sueldo digno, pero también lo es que desempeñen un trabajo comprometido. No se puede estar todo el día con el reloj en la mano y el sindicato en la puerta”, señala.
El sacerdote ha comentado también que en nuestra comunidad autónoma han sido aprobadas numerosas leyes sociales, “pero a muchas de ellas les falta el reglamento y el presupuesto para poder aplicarlas”. Por este motivo, ha pedido a la clase política que mantenga su compromiso y lucha para que los problemas sociales no decaigan.
Con respecto a la futura aprobación de la Ley de Inclusión Social de Andalucía, ha manifestado su miedo “a que se convierta sólo es una ley de renta básica, que también es importante, pero es necesario que recoja también otros aspectos como la vivienda, el trabajo o la salud”, concluye el defensor del Pueblo Andaluz.
